< Volver al Blog

LA RESPONSABILIDAD DE LAS SUBCONTRATAS EN MATERIA DE PRL

07/02/13

Si bien el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores nada prevé en relación con la prevención de riesgos laborales en casos de contratas, constituye ésta una materia respecto de la cual tradicionalmente se han establecido responsabilidades de la empresa principal, aunque el legislador ha optado por ubicarla en preceptos diversos pero complementarios del estatutario. Por lo demás, las responsabilidades en este ámbito, aunque a veces referidas expresamente a las contratas de la propia actividad, también se establecen en ocasiones más ampliamente, partiéndose de la idea de que, como resultado de la segmentación del proceso productivo, una pluralidad de empresarios que ponen en conexión medios organizativos, materiales y/o personales pueden incrementar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en la medida en que no exista la debida actuación conjunta en materia preventiva y actúen de forma aislada cada uno de ellos. El punto de partida es el artículo 6.4 Directiva Marco 89/391 sobre seguridad y salud en el trabajo, transpuesta en nuestro ordenamiento sobre todo a través del artículo 24 LPRL.

El artículo 24 LPRL va estableciendo obligaciones in crescendo en función del grado de imbricación entre las empresas que entran en conexión. En primer lugar, cuando se trata de mera coincidencia física en los mismos locales, indica que las empresas deberán «cooperar», reiterando casi literalmente la redacción de la Directiva comunitaria en lo que refiere a medios de «coordinación» y transmisión de información (artículo 24.1 LPRL). En segundo lugar, atribuye una superior responsabilidad a quien es titular del centro de trabajo, pues a éste le imputa un deber reforzado de información al resto de los empresarios y de emisión de instrucciones en relación con los riesgos de los locales y acerca de las medidas de prevención y emergencia a aplicar (artículo 24.2 LPRL); en correspondencia con ello, cuando se trate de afrontar situaciones de emergencia en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, tanto la evaluación de los riegos como la adopción de las medidas oportunas a adoptar, éstas deberán tomar en consideración no sólo la afectación a trabajadores propios de la empresa, sino también «la posible presencia de personas ajenas a la misma» (artículo 20 LPRL), lo que obviamente está pensando en primera instancia en clientes o suministradores de la empresa, pero también personas de mayor vinculación a la actividad productiva de la empresa, como son los pertenecientes a empresas con las que se establecen estrechos lazos de cooperación en virtud de fórmulas de segmentación del ciclo productivo. En tercer lugar, cuando se trata de contratas que se desarrollan en locales diferenciados, si bien los trabajadores de la contratista deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal, a esta última se le imponen las obligaciones genéricas establecidas a fabricantes, importadores y suministradores (artículos 24.4 y 41 LPRL). En cuarto lugar, cuando se trate de empresas que contraten o subcontraten obras o servicios de la propia actividad, y además éstas se desarrollen en sus propios centros de trabajo, se impone a la empresa principal un deber in vigilando del cumplimiento por los contratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales (artículo 24.3 LPRL); como efecto derivado de ello y como veremos más adelante, se impone una responsabilidad «solidaria» del empresario principal por el incumplimiento de las obligaciones de los contratistas en materia de seguridad (artículo 42.3 LISOS), si bien el carácter solidario de esta responsabilidad no ha dejado de ser fuertemente criticado e incluso por algunos considerado inconstitucional, por no suficientemente respetuoso con la exigencia de imputabilidad y culpabilidad requerida en relación con todas las sanciones públicas, incluidas entre ellas las de carácter administrativo.

De otra parte, la responsabilidad por el pago del recargo de prestaciones debido a incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo se imputa en la normativa vigente al «empresario infractor» (artículo 123.2 LGSS). Por este motivo resulta indiferente quién sea el empleador del trabajador accidentado, pudiendo asumir tal responsabilidad el empresario principal en el caso de contratas respecto de los trabajadores de la empresa auxiliar en aquellos casos en los que quede constatada la imputabilidad al tal empresario principal, en la medida en que puede ser calificado como «empresario infractor» (STC 81/1995). Eso sí, cuando la infracción sea imputable a ambos, aunque a los dos se le impute el recargo de prestaciones, será el único supuesto en el que propiamente cabrá hablar de responsabilidad conjunta y solidaria (STS 18-4-1992, Rec. 1178/1991; STS 10-12-2007, Rec. 576/2007; STS 7-10-2008, Rec. 2426/2007; STSJ de Extremadura 15-9-2009, IL J 1566). De otro lado, se trata de una responsabilidad no transferible a la entidad gestora, por lo que no juega el principio de automaticidad de las prestaciones (STS 8-3-1993, Rec. 953/1992). Al no encontrarse regulado en el artículo 42 ET y hacerse con regulación diversa, se extiende a cualquier empresario principal infractor, con independencia de que la contrata sea o no de la propia actividad (STS 16-12-1997, Rec. 136/1997; STS 14-5-2008, Rec. 4016/2006).

Autores: Don Jesús Cruz Villalón y Doña Patrocinio Rodríguez Ramos. Estracto del libro «Comentarios al Estatuto de los Trabajadores», 2.ª edición, julio 2012.

Fuente: Lex Nova

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *